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Las leyes que afectan a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) varían bastante según el país o territorio, desde el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, de otros tipos de uniones o del cambio de sexo registral sin cirugía previa (en el caso de las personas transexuales) hasta la pena de muerte como castigo por la actividad romántica/sexual entre personas del mismo sexo.
Los derechos LGBT son considerados derechos humanos por parte de Amnistía Internacional [1] y Human Rights Watch.[2] Las leyes sobre derechos LGBT incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó su primera resolución histórica que reconoce los derechos de las personas LGBT, que fue seguida de un informe que documenta las violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género. A raíz del informe, se instó a todos los países que aún no lo habían hecho a promulgar leyes que protejan los derechos básicos de personas LGBT.[3] En 2014 fue aprobada la segunda resolución para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual y la identidad de género.[4] En 2016 fue aprobada la tercera resolución, sobre protección contra la violencia y la discriminación, que ordena el nombramiento de un Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género.[5] En 2017 se aprueba otra resolución instando a los Estados que todavía no han abolido la pena de muerte a velar porque esta no se imponga como sanción por determinadas formas de conducta, como las relaciones homosexuales consentidas.[6]
Hasta febrero de 2023, 34 países, la mayoría de ellos ubicados en América y Europa, reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos son: Alemania, Andorra,[7] Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, México,[8] Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán y Uruguay.
Hasta diciembre de 2022, 64 países (62 mediante disposiciones explícitas de la ley, 2 de facto) y cuatro jurisdicciones subnacionales tienen leyes que penalizan los actos sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo.[9][10][11] En 2006 ese número era 92.[12] Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Singapur y Barbados han sido los últimos países en despenalizar la homosexualidad durante 2022.[13][14][15][16] Actualmente, 12 países establecen una edad de consentimiento sexual desigual.[9]
Hasta noviembre del 2020 existe plena certeza jurídica de que la pena de muerte es el castigo prescrito por ley para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo en seis (6) Estados miembros de Naciones Unidas, a saber: Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (12 estados del Norte únicamente), Arabia Saudita y Yemen. También hay otros cinco (5) Estados miembros de Naciones Unidas en los que ciertas fuentes indican que se podría imponer la pena de muerte por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, pero en los que hay menos certeza jurídica al respecto. Esos países son Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Somalia (incluida Somalilandia). Respecto a Sudán, recientemente se ha sabido que la junta militar que gobierna ha derogado la pena capital y la administración de 100 latigazos de castigo, aún que mantienen la pena de cárcel de 7 años hasta cadena perpetua según la “ley de sodomía” vigente en el país desde 1991.[17]
Existen países que criminalizan de manera expresa la identidad o el comportamiento de las personas transgénero, prohibiendo explícitamente "hacerse pasar" por el sexo opuesto y, por ende, penalizando la existencia de las personas trans. Estos países son: Brunéi, Gambia, Indonesia, Jordania, el Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga, y los Emiratos Árabes Unidos.[18]